sábado , 1 octubre 2022
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La otra opinión, Francisco Javier Vázquez Burgos

 

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Foto Internet

A doscientos años de la muerte de José María Morelos y Pavón, su frase “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario” cobra vigencia; ahora son los productores mayas de miel de Campeche y Yucatán, quienes claman justicia y para ello requieren que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirme la sentencia que emitieron los jueces de distrito de Campeche y Yucatán, que cancelaron los  permisos a Monsanto para sembrar soya transgénica en dichas entidades,  previendo las razones expuestas por los productores que no solamente alertan del riesgo que representa la presencia del cultivo transgénico para la producción de miel,  sino que inclusive alertan que no está comprobado científicamente que no causen efectos dañinos para la biodiversidad y la salud humana.

En el 2012  la Sagarpa y la Semarnat otorgaron a Monsanto permisos para que se cultiven en Campeche y en Yucatán 253 mil hectáreas de soya transgénica, estos cultivos los realizarían  por medio de los productores menonitas en terrenos nacionales; de ese total  en Campeche se trabaja para cultivar 38 mil hectáreas, lo que podría ocasionar un daño irreversible a los apicultores mayas; el asunto es que desde el 2005 se aprobó en México  la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, por lo que no se entiende cómo es que se lograron expedir dichos permisos. No hay otra, la corrupción se volvió a hacer presente.

Los productores mayas que en primera instancia obtuvieron sentencias favorables por parte de los juzgados de distrito de Campeche y Yucatán, temen que, dado el poder económico de Monsanto, y dada la tradición de corrupción que prevalece en la nación, los magistrados encargados de revisar el asunto de los amparos cedan a las presiones de la trasnacional, y tomen la mala decisión de permitir este cultivo, lo que afectaría, por lo menos al 40 por ciento de la producción y  a no menos de 15 mil familias que se dedican a los tareas apícolas y lastimaría la generación de 147 millones de dólares que genera el mercado de miel campechana. El temor crece porque la revisión de los amparos que estaba programada para el día 7 de octubre se pospuso para finales del mismo mes.

El temor de los productores mayas crece porque aunque todas las autoridades estatales involucradas en el asunto, – SDR, los diputados y la secretaría de Economía-   coincidan en lo conveniente de desterrar a Monsanto, la delegación de la Sagarpa, que encabeza Víctor Salinas, se ha aliado con la empresa Monsanto, al grado que hasta realiza campañas para convencer a los campesinos de Hopelchén de que acepten este cultivo de soya transgénico, con el pretexto de que el precio del maíz ha bajado mucho. Extraña postura que huele a corrupción.

La SCJN tiene en sus manos la posibilidad de demostrarle a los productores mayas, y a la nación en general que en México  existe una  verdadera intención de aplicar la ley y desterrar la corrupción y que se defenderá a los débiles del fuerte y arbitrario Monsanto. Y no basta con cancelar los cultivos, se debería investigar y castigar a quienes otorgaron esos permisos después de que ya estaba aprobada la ley contra los transgénicos.

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